“Nadie votó cerrar siete clínicas”: el crudo diagnóstico de los prestadores en Diputados y el contrapunto con las obras sociales
José Sánchez Cabezas, presidente de la CAPS, advirtió que en 20 años cerró más del 30% de los establecimientos privados y pidió salir de la “lógica de emergencias y prórrogas”. Mario Manrique le recordó que las obras sociales también están asfixiadas. Quintar admitió que no habrá dictamen este año.
En el Valle de Calamuchita, en Córdoba, había siete clínicas con internación. Hoy no queda ninguna. Con ese ejemplo abrió su exposición en la Cámara de Diputados José Sánchez Cabezas, presidente de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS), que reúne a más de 20.000 instituciones. “Nadie votó eso. No hubo una ley, ni un decreto, ni un ministro que decidiera que esa comunidad se quedara sin un lugar donde internarse. Simplemente fue sucediendo”, dijo.
Fue en la reunión informativa conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Manuel Quintar (LLA-Jujuy), que analizó el proyecto del diputado Bernardo Biella para sostener el sistema prestador con cambios en el impuesto al cheque, el IVA y las contribuciones patronales.
Una emergencia de 20 años
Sánchez Cabezas describió un desequilibrio estructural: en dos décadas el país sumó casi 10 millones de habitantes y hoy tiene más de 5 millones de mayores de 65 años, pero perdió más del 30% de los establecimientos privados. Citó un informe de Fundar, con datos del Banco Mundial, según el cual los ingresos del sistema de salud están 36% por debajo del promedio latinoamericano, mientras insumos y tecnología cuestan igual o más que en otros países.
El tramo más político apuntó a la emergencia sanitaria que distintos gobiernos y congresos vienen prorrogando hace más de dos décadas. “Prorrogar una emergencia puede ser necesario, pero no puede convertirse en una política de Estado, porque la emergencia administra un problema, no lo resuelve”, sostuvo. Y aclaró: “No venimos a pedir que el Estado se haga cargo de pérdidas”.
El contrapunto
La respuesta llegó desde la bancada sindical. El diputado Mario Manrique (Unión por la Patria, Buenos Aires), que conduce una obra social, recordó que la Superintendencia no gira los reintegros del sistema SURGE: “De los 10 meses que llevamos, en tres el aporte fue cero”. Contó que su sindicato pone entre 4.000 y 6.000 millones de pesos por mes para sostener la obra social y les pidió a los prestadores que no vengan a “solucionar los problemas” a costa de ellos. Además, reclamó tratar su propio proyecto, el expediente 4607.
Sin dictamen en 2026
Al cierre, Quintar anticipó que pedirá la opinión de la Oficina de Presupuesto del Congreso y que llevó el tema al Ministerio de Economía para conocer el costo fiscal, que a su juicio “puede ser perfectamente compensable”. Pero admitió la realidad del calendario: con el período ordinario a punto de terminar, “no creo que lleguemos a dictaminar este proyecto en este año”. La emergencia, por ahora, seguirá siendo la regla.
























