Hambre Cero pone bajo la lupa a una proveedora que tuvo como socia a Celeste Amarilla
Las declaraciones juradas de la senadora liberal muestran que una deuda de la empresa con ella cayó cerca de 96% mientras la firma seguía contratando con el Estado. La coincidencia de fechas reabre el reclamo de más controles sobre los proveedores públicos.
LF Latinfood S.A., una de las empresas contratistas del programa Hambre Cero, vuelve al centro de la discusión por su vínculo pasado con la senadora liberal Celeste Amarilla. La parlamentaria fue accionista de la firma, entonces llamada Árcangel S.A., hasta 2017, y el cruce de sus declaraciones juradas con las adjudicaciones públicas alimenta el debate sobre quiénes hacen negocios con el Estado.
Hoy la empresa figura representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Se consolidó como proveedora del programa estrella de alimentación escolar.
Una deuda que se achica
Según las declaraciones juradas de Amarilla ante la Contraloría General de la República, al ingresar como diputada en 2018 ella declaró un saldo a cobrar contra Árcangel S.A. de G. 3.000 millones. En 2019 esa cifra subió a G. 3.425 millones.
Al asumir como senadora, en 2023, la acreencia figuraba en apenas G. 124 millones (o G. 125 millones, según el registro). Eso equivale a la cancelación de alrededor del 96% de lo adeudado.
La coincidencia que incomoda
Distintos análisis marcan que esa reducción gradual del compromiso financiero privado habría coincidido en el tiempo con el período en que la empresa siguió firmando contratos con diversas reparticiones públicas. Se trata de una coincidencia temporal: los datos disponibles no acreditan irregularidad alguna ni una relación de causa entre ambas cosas.
A eso se suma una auditoría in situ de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, plasmada en la Resolución N° 80/2025, en escuelas del distrito de J. Augusto Saldívar. El informe identificó aspectos operativos que deben regularizarse.
Pedido de más control
Ante el volumen de recursos públicos comprometidos, distintos sectores plantean que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Contraloría hagan un seguimiento exhaustivo de la trazabilidad financiera y la transparencia de las empresas proveedoras del Estado.
La lectura política es incómoda para el Senado en general y para Amarilla en particular. Un vínculo societario ya cerrado, sumado a una deuda que se fue saldando mientras la firma contrataba con el Estado, alcanza para instalar sospechas aunque no haya pruebas de nada. Hambre Cero queda expuesto a un frente de control, y la senadora, a explicar su historia con la empresa.
























