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Maldonado unifica votos y desaloja las sillas vacías de edificios y hoteles de la playa

La Junta Departamental aprobó sin votos en contra un decreto que limita el negocio de la primera línea costera. La lapicera de las sanciones queda en manos del intendente Miguel Abella.

Por Redacción POLITICAR ·

La Junta de Maldonado aprobó por unanimidad un decreto que prohíbe a edificios, hoteles y cualquier otra entidad dejar sillas, reposeras y sombrillas armadas en la playa si no hay usuarios que las estén ocupando. La norma apunta a la primera línea costera, sobre todo en las playas Mansa y Brava de Punta del Este.

El proyecto lo presentó en febrero el edil socialista Leonardo Pereira y llegó a la votación final con respaldo de todos los sectores.

Una interna de verano, sin grieta partidaria

En la exposición de motivos, el decreto habla de frenar una “privatización de hecho” de la playa: sombrillas y sillas vacías que quedan desplegadas desde temprano e impiden a los bañistas ubicarse con libertad e igualdad de condiciones. La situación había generado denuncias y algunos altercados con los empleados de los edificios que prestan el servicio.

En la Comisión de Legislación, el texto sumó aportes de los ediles nacionalistas Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre. También hubo intercambios con jerarcas del Departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia.

Qué se puede y qué no en la arena

El servicio solo podrá ofrecerse a medida que los usuarios lleguen a la playa, y todo tendrá que desarmarse apenas se retiren. Además, queda vedado instalar elementos en los primeros diez metros de la franja, contados desde la rompiente de la ola. Las sombrillas no podrán superar los 2,50 metros de diámetro, aunque la Intendencia podrá habilitar excepciones según las características de cada sector de la costa.

El decreto también prohíbe los depósitos, temporales o fijos, en la playa. Los implementos deberán trasladarse durante el día, lejos de la orilla, sin usar las pasarelas y respetando el cordón dunar. Tendrán que retirarse antes de la caída del sol, y el servicio no podrá invadir el área de los paradores.

La pelota queda del lado del intendente

El decreto no fija las multas: delega en el intendente Miguel Abella la definición de las sanciones, que podrán ser económicas o de otro tipo, e incluso la revocación de autorizaciones ante reincidencias. La fiscalización quedará a cargo de la Dirección de Higiene y Bromatología, en coordinación con los municipios.

La lectura política es doble. Un edil de la oposición logra una norma con consenso total en un tema sensible para la temporada, y el Ejecutivo departamental recibe la tarea de hacerla cumplir frente a administradores de edificios y hoteles. Lo que decida Abella sobre las sanciones y el rigor de los controles dirá si la unanimidad de la Junta se traduce en playas más parejas o queda en el papel.

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