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Umpiérrez se atrinchera con el aeropuerto de Rocha y choca con Ambiente y Vivienda

Dos ministerios le dicen a la Intendencia que el trámite elegido no alcanza y que hacen falta más estudios. La comuna responde que se vulnera la autonomía departamental, mientras las organizaciones piden blindar la zona.

Por Redacción POLITICAR ·

El aeropuerto internacional que la Intendencia de Rocha quiere levantar entre la Laguna de Rocha y la Laguna Garzón sumó una pelea institucional. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Ambiente coinciden en que el cambio de categoría de los padrones no puede hacerse por la vía rápida que eligió la comuna, y el gobierno departamental les contestó que están invadiendo su autonomía.

El proyecto lo impulsan la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, del Ministerio de Defensa, y el Grupo Aeropuerto del Uruguay. Los terrenos son los padrones 69.929 y 69.930, y la recategorización es el primer paso para conseguir las autorizaciones.

Un trámite que no alcanza

La Intendencia arrancó el procedimiento en agosto con un Programa de Actuación Integrada Abreviado. La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del MVOT dijo en un informe del 2 de setiembre que el programa presentado no reúne las condiciones para ese formato. Según el organismo, corresponde un PAI Complementario, que exige más requisitos y estudios.

El MVOT explica que las directrices departamentales hablan de integrar Rocha al sistema aeronáutico nacional, pero no fijan dónde irían el aeropuerto ni las condiciones del suelo. Agrega que los padrones están dentro del Plan Local Lagunas Costeras, que los marca como potencialmente transformables para desarrollo turístico, con énfasis en el uso residencial. Y advierte que se trata de una zona de alta sensibilidad ambiental, muy cerca de la costa.

El 16 de setiembre llegó el aval de Ambiente. Un informe de su División Transición Ecológica y Ordenamiento Ambiental comparte la conclusión del MVOT. Recuerda que el plan local prevé una ocupación de muy baja densidad, con usos residenciales y turísticos, y que prohíbe expresamente las industrias contaminantes.

La comuna contraataca

En octubre, el abogado de la Intendencia, Héctor Delpiano, respondió que los términos del informe de Ambiente carecen de base legal y erosionan la autonomía departamental. Sostuvo además que la Dinacea no es un órgano jerárquico de supervisión de las intendencias. Según su planteo, la relación entre ambas es de coordinación y apoyo en los temas donde tienen competencias acumulativas.

La defensa va más allá de lo formal. Para la comuna, un aeropuerto no está entre los usos excluidos del plan local, porque es una infraestructura logística y no una industria contaminante del suelo, el agua o el aire.

Plan B a medias

El intendente Alejo Umpiérrez confirmó que la Intendencia busca terrenos alternativos en el entorno de la capital departamental. Pero dejó claro que no está dispuesto a soltar el proyecto: «No somos fundamentalistas de la ubicación. Soy fundamentalista del aeropuerto». Según el jefe comunal, la decisión responde a razones logísticas y no hay impedimentos ambientales para construir entre las dos áreas protegidas. Si no aparece otro predio, mantiene su respaldo a los padrones actuales.

Del otro lado, las organizaciones calificaron la ubicación de incoherente. Presentaron un recurso ante el Ministerio de Ambiente para que reconozca como zona adyacente o de amortiguación el territorio entre ambas áreas protegidas y para que declare el sitio inapropiado para esa actividad por su biodiversidad. También impulsan que los predios se incluyan en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La lectura política es que Umpiérrez apuesta a ganar tiempo y sostener el proyecto como bandera local, mientras dos ministerios del Ejecutivo le marcan el límite técnico. Si el recurso de las organizaciones avanza, el margen para la ubicación original se achica. Lo que está en juego es quién tiene la última palabra sobre el suelo: la autonomía departamental o la mirada ambiental y de ordenamiento del Gobierno nacional.

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