Alliana descabeza al jefe del Regimiento y la Justicia manda a Peña a Viñas Cué
Las fotos de un gimnasio armado en el lugar de detención del expresidente obligaron al nuevo Gobierno a mostrar mano dura. El escándalo suma presión sobre Alliana, que hereda una crisis bancaria y una causa que salpica a su antecesor.
El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó este lunes trasladar a Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción. La decisión llegó después de que se conocieran presuntos privilegios en el Regimiento Escolta Presidencial, donde el expresidente cumplía prisión preventiva por el caso Ueno Bank. Horas antes, el presidente Pedro Alliana ya había ordenado la cabeza del jefe de la unidad.
El reporte disponible confirma la orden judicial, pero no aclara si el traslado ya se ejecutó.
Un gimnasio que desató la purga
El detonante fueron las fotografías de máquinas y equipos de gimnasio instalados en una sala de reuniones del Comando de Seguridad del regimiento. El ministro de Defensa, Óscar González, consultó por los aparatos al coronel José Dayub, entonces comandante, y este confirmó que estaban ahí.
Dayub, que había asumido el mando el 20 de octubre, había descrito antes la situación de Peña como la de una persona alojada en «una habitación normal», con cama, ropero, ventilador, aire acondicionado y baño privado. Con las imágenes en circulación, esa versión quedó desmentida. Alliana instruyó a González a removerlo.
González, por su parte, sostuvo que el Estado debe garantizar condiciones compatibles con los derechos humanos, pero advirtió que no habrá «ningún privilegio».
Qué dispuso el juez
Legal ordenó que Peña deje el Regimiento Escolta Presidencial, donde está desde su detención del 6 de noviembre, y siga la prisión preventiva dictada el 7 de noviembre en Viñas Cué. También pidió un informe sobre las medidas de seguridad que se aplicarán allí y fijó que se proteja su vida y su integridad física, sin que eso signifique condiciones distintas a las previstas para su reclusión.
La causa de fondo
Peña fue destituido por el Senado mediante juicio político el 6 de noviembre, y Alliana, su vicepresidente, asumió la Presidencia ese mismo día. El expediente «Santiago Peña Palacios y otros» tiene 27 imputados, entre ellos uno de los fundadores de la entidad financiera.
La Fiscalía sostiene que el exmandatario tenía un vínculo económico y corporativo previo con el grupo empresarial dueño del banco. La investigación también revisa el traslado de fondos de instituciones públicas a Ueno Bank durante su gobierno y los posibles beneficios derivados de esas operaciones. Se trata de una causa en curso, sin sentencia, y Peña conserva la presunción de inocencia.
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución del banco por una resolución del directorio del 2 de noviembre, aplicada desde el 3. Según el comunicado oficial, su índice de solvencia estaba por debajo del 50% del mínimo requerido. La crisis afecta a cerca de 2,94 millones de clientes y a unos 7.000 trabajadores de empresas vinculadas al grupo en cinco países.
Lectura política
Alliana necesitaba despegarse rápido de su antecesor, y el episodio del gimnasio le dio la oportunidad: removió al responsable de la custodia antes de que lo hiciera la Justicia y dejó la imagen de un Ejecutivo que no protege a nadie. El costo es que gobierna con la sombra de haber sido el vice de Peña mientras el escándalo bancario sigue abierto. De ahora en más, cada gesto de trato especial hacia el expresidente se le va a facturar a él.
























