Explosión en Escalada: los ingenieros apuntan contra Metrogas, Lanús y la Provincia
El Colegio de Ingenieros bonaerense extiende la responsabilidad por la tragedia a empresas, municipio y organismos de control. Y reclama una norma nacional que lleva siete años sin aplicarse.
La explosión y el incendio del viernes en Remedios de Escalada, partido de Lanús, abrieron un frente de reproches cruzados sobre quién controla las obras en la vía pública. El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su “preocupación” y repartió cuestionamientos entre la empresa prestataria, el municipio, el Tribunal de Cuentas y el ámbito nacional.
El siniestro se produjo por la rotura de una cañería de gas de media presión durante trabajos de renovación de la red. Hubo una persona muerta, todavía sin identificar, varios heridos y daños importantes en viviendas y comercios.
Sin ingeniero matriculado y con una tercerizada en la mira
El principal reproche del CIPBA es la presunta ausencia de un ingeniero matriculado en la provincia que asumiera la responsabilidad técnica de la obra. Según la entidad, Metrogas “se limita a solicitar el número de matrícula” del profesional, sin exigir el contrato profesional visado por el Colegio, el instrumento que permite verificar incumbencias, matrícula habilitada y responsabilidad efectiva.
El comunicado también apunta a Exgadet, la firma tercerizada contratada por Metrogas, que había sido intimada por carta documento el 3 de diciembre de 2025 para regularizar su situación. Según el Colegio, la empresa habría respondido que registró la tarea ante otra entidad, lo que indicaría que no había un ingeniero matriculado en la provincia interviniendo.
Ordenanza municipal y Tribunal de Cuentas, bajo cuestionamiento
El Colegio también apuntó a la Ordenanza 1287 de Lanús, que regula este tipo de trabajos. Sostiene que exige la matriculación pero no la presentación de los contratos profesionales correspondientes.
Las críticas llegan además al Tribunal de Cuentas bonaerense. Para el CIPBA, el organismo debería verificar que los municipios exijan el cumplimiento de la Ley 10.416, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, y de la Ley 12.490, del régimen previsional de esos profesionales. La falta de ese control, advierte, puede generar perjuicios económicos al Estado y debilitar el sistema previsional profesional.
Una norma nacional que sigue sin implementarse
En el plano nacional, la entidad reclamó la aprobación de la norma NAG-225, el Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas. Su proyecto fue sometido a consulta pública por la Resolución ENARGAS 247/2019 y, siete años después, no se aplica.
El Colegio sostiene que las obras sobre redes de gas y electricidad exigen un ingeniero matriculado como representante técnico, con contrato visado y aportes ingresados a la Caja de Previsión (CAAITBA). Según remarcó, no son formalidades: sirven para identificar a un responsable, verificar sus competencias y asegurar protocolos de seguridad e identificación de interferencias con otras instalaciones.
La entidad recordó que ya venía advirtiendo sobre situaciones similares ante OCEBA, EDESUR y Metrogas, sin obtener, según afirmó, respuestas acordes con la gravedad de los planteos.
Tarifas que suben, controles que no
El comunicado cierra con un reproche a las prioridades de las empresas y del Estado: mientras las tarifas de los servicios públicos aumentan, no ve una respuesta equivalente en calidad, regulación y seguridad.
La lectura política es que la tragedia dejó de ser solo un problema de la prestataria y empieza a discutirse como una falla en la cadena de controles, desde la ordenanza local hasta el organismo regulador nacional. El Colegio instala el tema en la agenda de cada nivel del Estado, y la respuesta de municipio, Provincia y ENARGAS será lo que marque cuánto escala el reclamo.

























