Marset contraataca: su defensa dice que las coimas no tienen nombres ni fechas
Tras los escritos de la fiscalía de Estados Unidos que hablan de sobornos a funcionarios uruguayos, el abogado Santiago Moratorio sale a desactivar el efecto político y lo manda todo a la sala. El juicio está fijado para enero de 2027.
La defensa de Sebastián Marset salió a responder el viernes a la ofensiva de la fiscalía estadounidense, que sostiene que el narcotraficante habría pagado coimas a altos funcionarios de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. El abogado Santiago Moratorio difundió un comunicado donde afirma que esos escritos “no acreditan ningún hecho” y que el juez no los admitió ni los evaluó.
El juicio está previsto para el 11 de enero de 2027. Hasta entonces, la discusión se da en el terreno de las mociones previas.
Lo que pidió la fiscalía
El fiscal Anthony T. Aminoff pidió autorización al juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia, para presentar pruebas de esos presuntos sobornos. También quiere mostrar que Marset aplicaba un esquema de “plata o plomo” con funcionarios de la región.
Por ahora, los documentos conocidos no identifican a los funcionarios uruguayos involucrados ni informan montos o períodos. Ese vacío es el que la defensa pone en el centro de su respuesta.
El argumento de Moratorio
Según el abogado, uno de los escritos pide admitir pruebas de pagos a funcionarios de varios países “sin nombrar a ningún funcionario ni testigo y sin dar fechas”, y esas conductas no figuran en la acusación. Agrega que otro escrito describe como hecho una versión que difiere de lo que la propia acusación alega, aunque no precisa a cuál se refiere.
La defensa anticipa que pedirá al tribunal que exija precisión y fundamentos antes de admitir cualquier elemento.
Los dichos a la DEA, en discusión
Parte de lo que expone la fiscalía surge de lo que Marset habría dicho a la DEA tras su detención. Ahí aparece su referencia a una fiscal uruguaya “incorruptible”, en alusión a Mónica Ferrero. La defensa tiene pendiente de resolución una moción que impugna ese interrogatorio y la forma en que se documentó.
“Cuando una parte atribuye a un acusado supuestas declaraciones, lo que corresponde es que el juez examine cómo se obtuvieron y cómo se registraron”, planteó Moratorio. También invocó la presunción de inocencia y pidió que la prueba se debata en el ámbito judicial y no en los medios.
Lectura política
El comunicado busca cortar el ruido antes de que el expediente estadounidense se convierta en un problema político en Montevideo. Sin nombres de funcionarios, la mención a Uruguay queda como una hipótesis de la fiscalía y no como una acusación concreta.
La defensa dice que no hablará de los hechos fuera de la sala. Si el juez admite las pruebas, la discusión sobre quiénes fueron los funcionarios que habrían cobrado puede volver con fuerza al sistema político uruguayo.
