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Política

Argentina obliga al Reino Unido a justificarse en Hamburgo por el petróleo de Malvinas

El Gobierno juega su carta judicial más fuerte para frenar el proyecto Sea Lion antes de que produzca un solo barril. El 28 de noviembre el tribunal define si hay medidas provisionales, y Londres ya tuvo que admitir que existe una disputa de soberanía.

Por Redacción POLITICAR ·

La Argentina espera para el 28 de noviembre la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido. Lo que se discute es si se puede avanzar con la explotación petrolera en torno a las Islas Malvinas mientras la disputa por esa plataforma continental siga abierta.

El abogado Marcelo Kohen, que integró la defensa en las audiencias de Hamburgo hace unos diez días, sostiene que ir a la jurisdicción internacional era la única manera de evitar que Londres avance. Según explicó, la legislación interna y los procedimientos judiciales locales tienen impacto, pero no alcanzan: es el gobierno británico el que controla de hecho esos espacios marítimos.

Una herramienta conocida, otro adversario

Kohen ya había defendido al país ante este mismo tribunal en 2012, cuando se logró liberar la Fragata Libertad, retenida en Ghana a instancias del fondo NML Capital. Esta vez el recurso procesal es el mismo, pero enfrente está el Reino Unido y lo que está en juego es el proyecto Sea Lion, que prevé extraer más de 310 millones de barriles.

El equipo argentino lo completaron Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente del país ante el tribunal; María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia; y el especialista Nico Schrijver.

Soberanía, la palabra que Londres no pudo esquivar

La estrategia británica fue insistir en que detrás de cada planteo argentino está la cuestión de soberanía, para que el tribunal se declare sin jurisdicción. Kohen replica que la Argentina fue cuidadosa en apoyar su pedido solo en derechos y obligaciones de la Convención del Mar, sin introducir el reclamo territorial. Para el abogado, Londres quedó expuesto: tuvo que invocar la controversia de soberanía cuando hasta ahora actuaba como si no existiera.

También rechazó el uso del referéndum de 2013 como prueba de autodeterminación. Lo definió como un referéndum «de autosatisfacción», no organizado ni controlado por la ONU, que según remarcó fue ignorado por Naciones Unidas: Malvinas sigue en la lista de territorios a descolonizar.

Daño irreversible contra daño económico

El argumento central de Buenos Aires es que perforar y extraer modifica de manera irreversible la plataforma y sus recursos no renovables, y que con eso se pierde el derecho a decidir cuándo y cómo explotarlos. La defensa británica presentó pérdidas estimadas en USD 1.000 millones para Rockhopper, y el CEO de Navitas dijo por escrito que una suspensión, aun breve, sería «terminal» para el proyecto. Kohen respondió que esos perjuicios son ajenos a la controversia entre los dos Estados y que los daños económicos se pueden compensar, a diferencia de la alteración de la plataforma.

Otro punto es la nota verbal que la Argentina envió en agosto para pedir un intercambio de puntos de vista, sin respuesta favorable. Según Kohen, el Reino Unido aceptó tácitamente ante el tribunal que esa condición previa estaba cumplida.

La preocupación política de fondo es que los ingresos de Sea Lion terminen financiando y consolidando la presencia británica en las Islas antes de que la ONU, que es el ámbito de la discusión de soberanía, resuelva algo. Más allá del fallo, el Gobierno ya consiguió llevar por primera vez un aspecto de la disputa ante un tribunal internacional. Si las medidas provisionales llegan, el petróleo de Sea Lion queda frenado. Si no llegan, la Argentina tendrá que sostener ese reclamo por otras vías.

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