Ley de Tierras: los fallos contrapuestos exponen la grieta interna en la Corte
En pocos días el máximo tribunal primero dejó sin efecto una cautelar que frenaba el DNU de Milei y después restableció los límites a la compra de campos por extranjeros. Rosenkrantz votó en disidencia en la segunda decisión y la convivencia entre los jueces quedó tensionada.
La Corte Suprema atraviesa una controversia política por la ley de Tierras, la norma que fija el tope para la adquisición de zonas rurales por parte de extranjeros. En apenas diez días dictó dos resoluciones de signo opuesto, y las diferencias entre sus integrantes quedaron expuestas como pocas veces.
Dos fallos en diez días
En primer lugar, el tribunal revocó una cautelar que frenaba el decreto de necesidad y urgencia dictado por Javier Milei el 20 de diciembre de 2023. El argumento fue procesal: el Centro de Ex Combatientes de Malvinas que había planteado la inconstitucionalidad no tenía legitimación para hacerlo. La decisión fue unánime, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con todo, dejó sin vigencia el límite del 15% de tierras rurales para extranjeros y desató una fuerte reacción política.
Rosatti y Lorenzetti respondieron con un comunicado en el que aclararon que la discusión no estaba cerrada. Del entorno de Rosenkrantz aseguran que él no fue consultado. Días después, una nueva resolución, a partir de un planteo de la ONG Árbol de Pie, volvió a poner en vigor la ley de Tierras. La mayoría estuvo integrada por Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
La disidencia de Rosenkrantz
Rosenkrantz votó en contra. Sostuvo que los reclamos debían resolverse primero en las instancias inferiores y, en un considerando, deslizó una crítica a sus colegas: el «descontento social» generado por el primer fallo «no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten». El voto mayoritario estaba listo tres días antes, mientras que la disidencia ingresó pasadas las 22 de la víspera.
En los despachos de la mayoría rechazan que haya habido un giro. Explican que los procesos colectivos se inscriben en un registro y se tratan en orden, y que la primera demanda no tenía relación con el tema ambiental, a diferencia de la segunda, presentada por una organización ambientalista y comunidades con legitimación para pedir tutela. Cerca de Lorenzetti hablan de «una diferencia legítima» y subrayan que Rosenkrantz siempre fue más restrictivo con la ley ambiental. En el entorno del ministro, en cambio, creen que la mayoría cedió ante la presión social.
Diferencias que van más allá del caso
Las tensiones no se limitan a esta causa. Rosenkrantz y Rosatti mantienen posiciones distintas sobre el liderazgo de la Corte en el Consejo de la Magistratura y sobre el sistema de selección de jueces. Rosenkrantz y Lorenzetti cuestionaron la discrecionalidad en las entrevistas personales y plantearon reformar el reglamento, una iniciativa que quedó frenada en el Consejo, presidido por Rosatti, quien no firmó la acordada impulsada por su colega.
Lo que viene puede reavivar el cruce. Sigue pendiente el capítulo laboral del DNU 70/2023: la Procuración ya dictaminó que es inconstitucional en lo referido a los aportes sindicales, y en el tribunal admiten que deberán resolverlo en breve. Otros capítulos del decreto también esperan turno.
